El PP calcula que su ayuda de 1.000 euros a la emancipación costaría 400 millones

-No está «encima de la mesa» plantear un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Vivienda

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, detalló este miércoles que su propuesta de conceder un pago único de 1.000 euros a los jóvenes en el momento de su emancipación tendría un coste para las arcas públicas de 400 millones de euros, mientras que el coste de los avales a la compra de vivienda se podría elevar a los 70 millones.

Así lo indicó en una rueda de prensa en la que desgranó los detalles de las medidas anunciadas este martes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en materia de vivienda días después de que el Ejecutivo llegase a un acuerdo para desbloquear la Ley de Vivienda y anunciase la movilización de hasta 50.000 pisos de la Sareb para alquiler asequible.

Bravo detalló que la ayuda de 1.000 euros se concedería una sola vez a menores de 35 años que cobren hasta un máximo de 30.000 euros anuales y, de 30.000 a 40.000 euros anuales de renta el pago se concedería con una reducción progresiva.

Por su parte, el aval complementario del 15% que propone el PP para hacer frente a la compra de una primera vivienda se destinaría también a personas de hasta 35 años años y serían las comunidades autónomas las que fijaran el precio de las viviendas cuya adquisición pueda optar a esa ayuda.

El dirigente popular explicó que, teniendo en cuenta las tasas de morosidad de los momentos de más crisis, una línea de avales de hasta 1.000 millones de euros como plantea puede llegar a tener un coste para el Estado de 70 millones de euros. Asimismo, el aval a la fianza de alquiler se destinaría a jóvenes de hasta 35 años con ingresos también de hasta 30.000 euros anuales. Bravo no especificó el cálculo concreto de su coste, pero subrayó que la tasa de morosidad en esta cuestión es «menor».

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Asimismo, señaló que el bono alquiler joven aprobado por el Gobierno ha dejado fuera a muchos jóvenes que, «cumpliendo los requisitos», no acceden por «por no haber capacidad presupuestaria». «Si se hace un anuncio, se debe poder cumplir con los españoles», indicó Bravo, asegurando que «habrá que cumplimentar» los importes de esta medida para llegar a todos los jóvenes que lo hayan solicitado.

En cuanto a la ‘ley antiokupación’ que anunció Feijóo, Bravo detalló que busca dotar de «seguridad jurídica» al mercado para que haya más viviendas disponibles. Detalló que proponen la salida de los ‘okupas’ en 24 horas y un agravamiento de la figura en el ámbito penal. Asimismo, buscarán «potenciar» en este ámbito a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los tribunales.

El plan del PP también trabará para conseguir un «urbanismo ágil» con una ley de seguridad jurídica y el estudio en conjunto de las administraciones públicas sobre cómo eliminar posibles duplicidades. También buscará simplificar el concepto de vivienda social y vivienda protegida. En cualquier caso, señaló que «casi» han «renunciado» su documento al Gobierno dada la cercanía de la aprobación de la ley de Vivienda y la «falta de respuesta» del Ejecutivo.

Con todo ello, Bravo subrayó la necesidad de establecer un Plan Nacional por la Vivienda con el trabajo conjunto de Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y sector privado y aseguró que, de acceder a La Moncloa, el presidente popular será lo primero que haga en esta materia.

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LEY DE VIVIENDA

«La ley es intervencionismo puro y duro», dijo Bravo sobre el acuerdo al que han llegado el Gobierno, ERC y EH Bildu para sacar adelante la Ley de Vivienda. El responsable económico del PP se preguntó «qué es lo que van a votar» miembros del PSOE como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, o el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que, en su día, se mostraron en contra de topar los alquileres.

Según Bravo, la parte «más podemizada» del PSOE se ha «apropiado deslealmente» de una propuesta de Podemos mientras que la parte mayoritaria de los socialistas estaba en contra. Además, recordó que la intervención de los alquileres ha provocado «escasez de pisos e incremento de precios» en lugares como Berlín, Oregón, Venecia o en Cataluña.

Sin embargo, reconoció que apoyarán los elementos de la ley que sean «buenos» y, en este sentido, se mostró «sorprendido» y conforme con las deducciones fiscales introducidas en el texto para estimular que los pequeños propietarios alquilen sus pisos a jóvenes, reduzcan su precio o hagan actuaciones de rehabilitación energética.

Con todo, señaló que la ley «no arregla ningún problema» ya que para conseguir que haya más oferta de inmuebles en el mercado, lo que se debe hacer es «no lanzar mensajes negativos» a los propietarios, «señalarles» o «limitarles el precio que pueden subir de alquiler».

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«Cuando tengamos la oportunidad, cambiaremos esta ley», añadió, reconociendo, sin embargo, que «no está encima de la mesa» presentar un recurso de inconstitucionalidad porque la sentencia del tribunal que anuló la ley de vivienda catalana aseguraba que «parece lógico tener una ley de vivienda que dé un cierto paraguas». Eso sí, apoyó plenamente que las comunidades autónomas «se defiendan» a través de la presentación de un recurso para defender sus competencias.

VIVIENDAS DE LA SAREB

Sobre los recientes anuncios del presidente del Ejecutivo de poner a disposición viviendas de la Sareb, señaló que Sánchez es el «mayor especulador» de España y le acusó dedicarse solo a «anunciar» y no de «gestionar» o «construir» casas «si no ha hecho ninguna hasta ahora».

Bravo recordó que, tras la creación de la Sareb se han venido incrementando los pisos puestos a disposición en alquiler social hasta los 15.000 actuales, pero solo 3.000 han sido «utilizadas» porque la mayoría están «en mal uso o en territorios donde nadie las quiere». «Vamos a empezar a hacer alguna, que no anuncie más, la gente se empieza a cansar», dijo.