La Generalitat Valenciana impulsará un reglamento lingüístico como «oportunidad para que el valenciano deje de considerarse lengua menor»
MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
La consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, destacó este martes que el futuro reglamento de capacitación lingüística que regulará el nivel de conocimientos de valenciano necesarios para el acceso a la Función Pública supone «una gran oportunidad» para que «deje de ser considerado una lengua menor y como mérito» y, por esa razón, «se incorpore al mismo nivel que el castellano».
Así se ha expresado tras la recepción del informe elaborado por la Comisión de Competencia Lingüística, que servirá de base para regular la capacitación lingüística necesaria para acceder a la Administración valenciana tal y como establece la nueva Ley de Función Pública. Este informe, según ha explicado la consejera, ha sido «consensuado» por las personas que integran la comisión.
Según informó el Gobierno valenciano, el reglamento se aprobará mediante un decreto que irá acompañado de otro en el que la Consejería de Educación determinará «qué nivel de valenciano tendrá acreditado el alumnado tras finalizar cada etapa educativa». Ese nivel será el que se exija para cada uno de los niveles de la administración ya que, tal y como ha explicado la consejera, «somos partidarios de que el sistema educativo garantice el C1» al finalizar la enseñanza secundaria y, en todo caso «con el mayor nivel de valenciano» posible.
Gabriela Bravo mostró su intención de «dialogar todo lo necesario para llegar a un acuerdo razonable» que, para el acceso al empleo público «no puede pasar por exigir niveles superiores a los que el sistema educativo garantiza para toda la ciudadanía». En este sentido, ha apuntado que «ahora mismo, con el sistema actual no se está garantizando el nivel B2».
Por otra parte, la consejera anunció que la Generalitat «va a cumplir con el objetivo de reducir la temporalidad la Administración pública valenciana del 50% al 8% que marca la ley, gracias a una convocatoria de empleo extraordinaria de más de 3.000 plazas y a los procesos de estabilización que ya están en marcha». En total, se estabilizarán un total de 8.499 puestos.
Para ello, se va a convocar una Oferta de Empleo Público (OPE) extraordinaria de 3.009 plazas. De ellas, saldrán a concurso 2.436 a concurso-oposición las 573 restantes antes del 1 de junio.
