OCU ve «positiva» la nueva normativa balear de juego, que obliga a distanciar al menos 500 metros casas de apuestas y colegios

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideró este viernes «positiva» la nueva normativa de juego del Gobierno balear, que, entre otras medidas, contempla distancias mínimas de 500 metros entre casas de apuestas y centros educativos.

Así lo subrayó la asociación de consumidores en un comunicado en el que recordó que dicha ley tiene el fin de «proteger» a los menores y a otros colectivos «vulnerables» y nace ante la «proliferación» de salas de juego, apuestas y casinos en las islas.

En este punto, también valoró que la nueva norma recoge «muchas» de sus «peticiones», como son el establecimiento de una ratio «igual o inferior» a 75 salas de juego y locales de apuestas por cada millón de habitantes.

También, el establecimiento de un «número máximo» de casinos de juego (tres) y salas de bingo (cuatro) en la comunidad, así como de una distancia «mínima» de 500 metros respecto a zonas escolares, parques infantiles o centros de tratamiento de juego patológico y la misma distancia también entre locales de apuestas.

En paralelo, subrayó que «en línea» con sus demandas, Baleares también prohíbe la publicidad, patrocinio u obsequios asociados a la práctica de juego y no se permite la publicidad o «incitación» al juego en las fachadas o cristaleras de los locales, en centros comerciales o eventos deportivos.

«Sin embargo, de forma excepcional, se podrán publicitar los casinos en zonas turísticas, puertos o aeropuertos», apuntó.

Respecto a las máquinas en hostelería, la OCU puntualizó que la nueva normativa indica que las máquinas deben estar apagadas, «sin emitir estímulos lumínicos o sonoros, mientras no estén en uso, además de prohibir el uso de imágenes o reclamos violentos, racistas o sexistas».

Con todo, lamentó que, a pesar de que se establece un control electrónico de acceso a las máquinas de juego en hostelería, tal y como pedía, dicho control «se reduce a una serie de preguntas para verificar la edad».

«Es necesario concretar esas medidas de control para poder comprobar de forma eficaz la veracidad de la mayoría de edad de los usuarios», abundó, al tiempo que animó al resto de comunidades autónomas a «actualizar» la legislación vigente «incorporando medidas que protejan de manera efectiva a los consumidores, especialmente a los más vulnerables».