Fedea pide cambiar el rumbo en la política «intervencionista» de vivienda para «facilitar la actuación del mercado»

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó este lunes una opinión en la que cargó contra la política «intervencionista» de vivienda llevada a cabo estos años, «que ha tenido consecuencias tan negativas», y en la que instó al próximo Gobierno a cambiar el rumbo de la intervención pública para «facilitar la actuación del mercado».

«En los últimos años, las restricciones de origen político sobre los mercados de vivienda se han intensificado notablemente, con crecientes restricciones a la contratación de alquileres y mayor tolerancia con los impagos y la ‘okupación’. Como consecuencia, se ha reducido la oferta y han aumentado los precios y las dificultades de buena parte de la población para encontrar vivienda», indica el texto firmado por Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado a Fedea.

«Con base en esta experiencia intervencionista, que ha tenido consecuencias tan negativas, procedería aprovechar el próximo ciclo político para cambiar la estrategia de intervención pública, de modo que, en vez de restringir más y más la contratación privada, empecemos a pensar en facilitar la actuación del mercado», añade el escrito.

Fedea pide así que el Estado «se centre en desarrollar aquellas tareas para las que cuenta con una ventaja comparativa real, como son el proveer bienes públicos y extender una red efectiva de seguridad social», mientras que, en el resto de ámbito, juegue un papel más abstencionista.

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Así, en materia de vivienda, la organización considera que el Estado debe asegurar que haya suelo disponible para construir y contener los daños que generaría «la anarquía urbanística»: además de atender a las necesidades que, democráticamente, «decidamos satisfacer a todos los ciudadanos, asegurando su acceso a la vivienda digna a costa de los presupuestos públicos, y no de otros ciudadanos a título individual».

Para facilitar la actuación del mercado, la opinión señala que la «nueva política» debería contemplar iniciativas dirigidas a expandir la oferta de vivienda, tanto de nueva construcción como ya existente. Para ello, recomienda «racionalizar» la estructura tributaria que pesa sobre la vivienda, «con la finalidad de reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones». Esta medida sería «compatible» con cambios dirigidos a neutralizar su efecto negativo en la recaudación, «elevando, si así se desea, los gravámenes sobre la tenencia, ya sea por la vía del IBI o del IRPF».

Fedea aboga también por «restaurar la seguridad jurídica» del derecho de propiedad al nivel de los demás países europeos, «tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de ‘okupación’ y deshaucio». En último lugar, el texto apuesta por «recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer en cuanto a los contratos de arrendamiento de vivienda, derogando las limitaciones de plazo y demás condiciones contractuales que hoy restringen ineficientemente la dimensión del mercado y expulsan del mismo a los arrendatarios potenciales más vulnerables».

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