El Gobierno da por acatado su requerimiento a Castilla y León pero le enviará otra carta
-Denuncia que las declaraciones del portavoz regional contradicen el escrito que la Junta mandó al Gobierno
MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El Gobierno considera que la Junta de Castilla y León «ha acatado formalmente el requerimiento» que le remitió para que se abstuviera de poner en marcha el protocolo para prevenir abortos, pero enviará otra carta recordándoselo por las palabras pronunciadas por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, anunciando que el protocolo sigue adelante.
En un comunicado publicado este viernes, el Ejecutivo central extrae esta conclusión «a la vista de que el Gobierno de la Junta de Castilla y León declara en su escrito (de respuesta al requerimiento) que ‘no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno’ y que ‘tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente»».
«Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España», prosigue el comunicado, «supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el Gobierno de
Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores».
Sin embargo, apunta el Gobierno, en su comparecencia de ayer, Fernández Carriedo afirmó lo contrario de lo que se recoge en la respuesta oficial de la Junta, al prometer que las medidas en cuanto a ecografías 4-D y la posibilidad de escuchar el latido del embrión seguían vigentes.
En este sentido, el Gobierno «reitera su preocupación» por estas declaraciones y anuncia que el Ministerio de Presidencia «remitirá una carta» a la Junta «en la que se le recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir» a la mujer que ha decidido abortar que no lo haga.
En esa carta, avanza al Gobierno central, «se trasladará al ejecutivo autonómico que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido», lleva a cabo su intención inicial, el primero » actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas», y «se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas».
Fuentes el Ejecutivo de Pedro Sánchez enjuiciaron que éste «ha frenado los primeros intentos» de la Junta de imponer medidas contra los derechos de las mujeres, pero confesaron que mantienen su «preocupación» y «vigilancia» y que exigirán «máxima transparencia».
La contradicción entre la respuesta formal al requerimiento y las palabras de Fernández Carriedo hacen temer al Ejecutivo que «el PP sigue buscando una fórmula que dé respuesta a las exigencias de sus socios de Vox», pero desde el Gobierno insisten en que no tolerarán ningún «retroceso y que limite los derechos y libertades de las mujeres y que incumpla la ley estatal de interrupción voluntaria del embarazo.
