Fotocasa denuncia que la ley de vivienda catalana genera «gran inseguridad jurídica e inestabilidad»

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

Fotocasa señaló este martes que las modificaciones introducidas por la Generalitat a la ley sobre «emergencia en el ámbito de la vivienda» y que incluyen la posibilidad de expropiar viviendas vacías al cabo de dos años generan «gran inestabilidad jurídica e inestabilidad» y vulneran «el derecho a la propiedad privada».

Así lo indicó el portal inmobiliario este martes, día en el que entran en vigor los cambios aprobados el pasado 23 de febrero en la ley autonómica catalana 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Fotocasa advirtió de que los cambios que «pretenden detener los desalojos mediante la imposición a los grandes propietarios de ofrecer alquiler social a colectivos vulnerables o a quienes hayan ocupado una vivienda y estén en exclusión residencial» ya fueron tumbados por el Tribunal Constitucional el pasado enero.

Según el portal, estas normas «imponían directamente deberes concretos a los propietarios, y, por lo tanto, interfieren en el derecho a la propiedad privada».

Además, la nueva regulación «volverá a causar litigiosidad en los tribunales e impulsará una nueva ola de reclamaciones, por parte de los propietarios profesionales», hecho que generará «un clima de inestabilidad, que será percibido como desamparo jurídico por los arrendadores».

Para Fotocasa, las acciones «coactivas y no voluntarias» trasladan al sector privado las responsabilidades de incrementar el parque de vivienda social y la de ayudar a personas «potencialmente excluidas del mercado de la vivienda» a acceder a ella.

Los recursos utilizados por la administración para ofrecer soluciones habitacionales deben ser «públicos o garantizarse a través de la vivienda asequible puesta en marcha por la colaboración público-privada», indicaron desde Fotocasa, añadiendo que, por lo tanto, es competencia de la administración «ofrecer un realojo a las personas que se encuentren en situaciones vulnerables».

Las medidas introducidas podrían provocar una contracción de la oferta residencial «por parte de los grandes propietarios» y que «se paralizase la inversión de cara al exterior», señalaron desde el portal. Asimismo, subrayaron que «cualquier medida que tenga el objetivo de sancionar, impactará en el sector causando las consecuencias contrarias a las deseadas: escasez de oferta y más dificultades para acceder a la vivienda».