La okupación, otro gran frente que legislar según el PP

Muchas son ya las voces que se han alzado contra el gobierno por la flexibilidad léxica que se ha estado dando a la ocupación de viviendas en los últimos meses.

Las cifras comienzan a preocupar a la sociedad que ve cómo, si alguien entra en una propiedad, pueden pasar años hasta poder volver a hacerse con su uso y un largo proceso judicial pese a que, como consta en escrituras, es propiedad privada.

Hasta 70.000 viviendas fueron manejadas por las mafias para realquilarlas a inquilinos que buscan hueco en un mercado que, por los precios, no siempre pone sencillo encontrar un techo. Sin embargo, la solución no debería pasar por privar de la propiedad privada a nadie, banca incluida, que llegarían hasta las 100.000 viviendas okupadas.

Con la vigente legislación, existen dos vías, la civil y penal, para defender una propiedad y, aunque es cierto que cada vez se trata de desalojar antes las viviendas, si se opta por la vía civil, los okupas se quedan libres de condena, algo que tampoco satisfaría el delito cometido.

Según ha publicado a EP, el líder de la oposición, Pablo Casado, ya ha hablado de la preocupación de su grupo por impulsar junto con el gobierno una nueva ley que pene el delito de usurpación de cualquier bien inmueble con penas que irían de 1 a 3 años de cárcel, la flexibilización de un desalojo en menos de 48 horas a cargo de las FFCC Seguridad del Estado y prohibir la posibilidad de que quienes ostentan la ocupación puedan ser empadronados por los distintos ayuntamientos y, por tanto, partícipes de ayudas y protección legal.

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Más de 40 denuncias se están registrando en los últimos meses a diario en este sentido, lo que muestra una clara tendencia en aumento que preocupa a quienes, con sus ahorros, consiguieron acceder a una segunda vivienda vacacional o a un inmueble de inversión.

Y no es el único grupo parlamentario que está elevando la voz, Ciudadanos y Vox también se muestran contundentes en la necesidad de clarificar y agilizar la ley para penalizar el uso de una propiedad privada en contra de sus legales propietarios, usurpando sus derechos e incluso costando dinero.

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