Profesionales del transporte critican la nueva autoridad que investigará los accidentes
MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
La plataforma Profesionales por la Seguridad en el Transporte, integrada por organizaciones de marinos mercantes (Comme), pilotos (Sepla), controladores aéreos (USCA) y maquinistas ferroviarios (Semaf) mostró este jueves su rechazo a la nueva autoridad anunciada por el Gobierno para investigar los accidentes del transporte, ya que considera que ésta será «igual de ineficiente que las tres comisiones a las que sustituye».
La plataforma señala en un comunicado que el anteproyecto de ley presentado en el último Consejo de Ministros para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte (Aitat) «no contempla las principales alegaciones que los representantes de los profesionales del transporte hicieron el pasado verano» al borrador, «por lo que es ajena a los criterios profesionales de quienes defienden la seguridad del transporte y sus pasajeros».
A juicio de las organizaciones de profesionales del transporte aéreo, ferroviario y marítimo, el anteproyecto «incurre en las mismas deficiencias que han tenido históricamente las tres comisiones de investigación que ahora se fusionan (la Ciaiac, que investiga los accidentes de aviación civil; la CIAF, que investiga los de tren, y la Ciaim, que investiga los marítimos), lo que hará que sus investigaciones carezcan de la necesaria calidad, profundidad e independencia para mejorar la seguridad en el transporte».
La plataforma observa cuatro deficiencias en el texto: falta de independencia orgánica, carencia de conocimiento de los miembros, escasez de autonomía de la investigación con respecto a un proceso penal y falta de protección de las decisiones sobre seguridad.
Con respecto a la independencia orgánica, se queja de que la AITAT sigue dependiendo del Ministerio de Transportes, por lo que sus investigaciones pueden estar contaminadas desde el principio, ya que muchas veces la investigación deberá centrarse en la actuación del propio Ministerio. «En otras palabras, el investigador depende orgánica y jerárquicamente del investigado», señala el comunicado.
Además, reprocha al Gobierno que la composición de este organismo no cuenta con profesionales del sector del transporte, «por lo que se obvia el necesario punto de vista de quienes trabajan en él a diario, eliminando la pluralidad».
En cuanto a los posibles procesos penales, el poder judicial puede interferir según el texto en la investigación técnica de un accidente incautando pruebas y declaraciones para abrir una diligencia. Esto supone un atentado contra los principios de cultura justa reconocidos por OACI (Organización Internacional de Aviación Civil), y por ERA (Agencia Ferroviaria Europea), ya que puede propiciar que las personas investigadas no faciliten toda la información por temor a que se abra contra ellos un proceso penal.
El texto tampoco protege las decisiones que los trabajadores del transporte puedan tomar por motivos exclusivamente de seguridad, una protección que debería quedar totalmente blindada si se quieren evitar episodios como el vivido recientemente en Canarias, donde la compañía Canair ha despedido a dos pilotos alegando «falta de confianza», después de que éstos reportaran falta de seguridad a la hora de sobrevolar espacios afectados por las cenizas volcánicas.
«Los pilotos no pueden tener miedo a ser despedidos si se niegan a acatar una orden que atenta contra la seguridad de sus pasajeros» ha manifestado Óscar Sanguino, presidente de Sepla.
También el colectivo de controladores aéreos se ha visto afectado en los últimos años por varios despidos que a juicio de USCA no estaban justificados, como los llevados a cabo por Saerco en 2017 contra dos compañeros que, por cuestiones de seguridad, no acataron la orden de la dirección del aeropuerto de Fuerteventura de ampliar el horario de las instalaciones. A pesar de que ambos despidos fueron declarados improcedentes en Sede judicial, la empresa no readmitió a los trabajadores.
La Plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte dice que seguirá trabajando para que el proyecto de ley definitivo tenga en cuenta los puntos de vista de sus profesionales.
